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La situación de los interinos en la Administración Pública española es caótica. Después de dos sentencias del Tribunal Supremo, se encuentran en un limbo jurídico que les deja en una situación de incertidumbre e inseguridad laboral.
La primera sentencia, de diciembre de 2020, declaró que los interinos no pueden encadenar contratos indefinidos. Esta sentencia supuso un duro golpe para miles de trabajadores públicos que llevaban años encadenando contratos temporales en la Administración.
La segunda sentencia, de marzo de 2022, estableció que los interinos tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios sufridos por el abuso de la temporalidad. Esta sentencia abrió la puerta a que los interinos pudieran reclamar una indemnización por los años trabajados en fraude de ley.
Estas dos sentencias han generado un gran caos en la Administración Pública. Miles de interinos no saben si se les renovará su contrato, si serán despedidos o si tendrán derecho a una indemnización. La situación es aún más grave en aquellas administraciones públicas que tienen un alto porcentaje de interinos, como es el caso de la Sanidad y la Educación.
Los sindicatos y organizaciones de interinos han denunciado la situación de indefensión en la que se encuentran estos trabajadores. Piden al Gobierno que tome medidas para regularizar la situación de los interinos y garantizarles la estabilidad laboral.
El Gobierno se ha comprometido a regularizar la situación de los interinos. En junio de 2022, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley que modifica la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para regularizar la situación de los interinos que llevan más de tres años trabajando en la Administración Pública.
El Real Decreto-ley establece que estos interinos serán estabilizados en sus puestos mediante un concurso de méritos. Este concurso tendrá en cuenta la antigüedad, la experiencia y la formación de los interinos.
El Gobierno también ha anunciado que convocará una oferta pública de empleo extraordinario para cubrir las plazas ocupadas por interinos de larga duración. Esta oferta de empleo estará reservada para los interinos que hayan trabajado en la Administración Pública durante al menos tres años.
Estas medidas del Gobierno son un paso adelante para regularizar la situación de los interinos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para garantizar la estabilidad laboral de estos trabajadores.
Los sindicatos y organizaciones de interinos consideran que las medidas del Gobierno son insuficientes para garantizar la estabilidad laboral de estos trabajadores. Piden que se convoquen más ofertas públicas de empleo y que se reduzca el número de interinos en la Administración Pública.
También piden que se reconozca la antigüedad y la experiencia de los interinos y que se les garantice el derecho a ocupar puestos de responsabilidad.
El debate sobre la situación de los interinos en la Administración Pública española promete ser largo y complejo. Se trata de un problema estructural que requiere de soluciones consensuadas entre el Gobierno, los sindicatos y las organizaciones de interinos.
