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El debate sobre el sistema de pensiones está más vivo que nunca en España. La población envejece y con ello aumenta el número de jubilados, mientras que el número de cotizantes disminuye. Esto está poniendo en peligro la sostenibilidad del sistema, y se están barajando distintas medidas para reformarlo.
Una de las propuestas más radicales que se han planteado es la de confiscar todos los bienes de los grandes empresarios, como Amancio Ortega, fundador de Inditex. Se estima que Ortega tiene un patrimonio de unos 60.000 millones de euros. Si el Estado se quedara con todo su dinero, podría pagar las pensiones durante unos siete meses.
Sin embargo, esta medida es muy controvertida. Los defensores de la misma argumentan que es necesario redistribuir la riqueza y garantizar un nivel de vida digno a todos los ciudadanos. Los detractores, por el contrario, creen que sería una medida injusta y que desincentivaría la inversión y el crecimiento económico.
Ante esta situación, es importante analizar con detalle las cifras para entender cuánto gastamos en la jubilación de los mayores y qué medidas se podrían tomar para garantizar la sostenibilidad del sistema.
En 2021, el gasto en pensiones ascendió a 154.931 millones de euros, lo que representa el 12,4% del PIB. Esta cifra se ha ido incrementando en los últimos años debido al aumento del número de jubilados y a la revalorización de las pensiones.
La mayor parte del gasto en pensiones (85%) corresponde a las pensiones contributivas, es decir, a las que se cobran por haber cotizado durante la vida laboral. El 15% restante corresponde a las pensiones no contributivas, que se cobran por situaciones especiales, como discapacidad o necesidad.
El gasto en pensiones está financiado principalmente por las cotizaciones sociales, que aportan los trabajadores y las empresas. También se utilizan los ingresos procedentes de los impuestos y del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
El sistema de pensiones español está en una situación de déficit, es decir, los ingresos son inferiores a los gastos. Este déficit se ha ido incrementando en los últimos años y se prevé que siga aumentando en el futuro debido al envejecimiento de la población.
Para garantizar la sostenibilidad del sistema, se están barajando distintas medidas, como aumentar la edad de jubilación, reducir el importe de las pensiones o aumentar las cotizaciones sociales. Sin embargo, ninguna de estas medidas es fácil de aplicar y todas ellas tienen sus ventajas e inconvenientes.
El debate sobre el sistema de pensiones es complejo y no tiene respuestas fáciles. Es necesario analizar con detalle las cifras para entender cuánto gastamos en la jubilación de los mayores y qué medidas se podrían tomar para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Una medida radical, como confiscar los bienes de los grandes empresarios, sería muy controvertida y tendría consecuencias económicas imprevisibles. Es más prudente barajar medidas más graduales, como aumentar la edad de jubilación o reducir el importe de las pensiones, aunque estas medidas también tienen sus inconvenientes.
El objetivo final debe ser garantizar un nivel de vida digno a todos los ciudadanos, tanto a los que están en edad de trabajar como a los que están jubilados. Para ello, es necesario encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad del sistema y la justicia social.
