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En un giro extraordinario de los acontecimientos, Gales se ha visto sacudida por la demanda más insólita de su historia. Un residente local, James Howells, ha presentado un caso ante los tribunales alegando 495 millones de libras esterlinas en daños y perjuicios por la pérdida de un disco duro que contiene las claves de 8.000 bitcoin.
James Howells, un ingeniero de TI de 35 años, afirma que tiró por error el disco duro en 2013, cuando estaba limpiando su casa. En ese momento, el bitcoin valía sólo unos cientos de dólares, por lo que Howells no se preocupó demasiado por la pérdida.
Sin embargo, con el aumento vertiginoso del valor del bitcoin en los últimos años, Howells se dio cuenta de que el disco duro perdido ahora contenía una fortuna potencial de casi medio millardo de libras. Desde entonces, ha llevado a cabo una búsqueda incesante del disco duro, pero sin éxito.
En su demanda, Howells alega que el Ayuntamiento de Newport, que se encarga de la gestión de residuos de la zona, es responsable de su pérdida. Argumenta que el ayuntamiento no proporcionó contenedores o instalaciones de reciclaje adecuados para los desechos electrónicos, lo que le obligó a tirar el disco duro a la basura.
Howells también sostiene que el ayuntamiento tenía conocimiento de la importancia del disco duro perdido y aun así no tomó medidas para recuperarlo. Afirma que informó al ayuntamiento de su pérdida en 2013, pero que no recibió ninguna ayuda ni asistencia.
El Ayuntamiento de Newport ha negado todas las acusaciones de Howells. Declara que no tenía conocimiento de la importancia del disco duro perdido y que, por lo tanto, no puede ser considerado responsable de su pérdida.
El ayuntamiento también sostiene que Howells no siguió los procedimientos adecuados para la eliminación de residuos electrónicos y que, por lo tanto, no puede reclamar daños y perjuicios.
El caso de James Howells es único y complejo. Nunca antes se ha presentado un caso judicial similar en el Reino Unido.
El resultado del caso tendrá implicaciones de gran alcance para la responsabilidad de las autoridades locales por la gestión de residuos electrónicos y el estatus legal de las criptomonedas.
El juicio está previsto que comience en la primavera de 2023.
