Mercadona debe pagar 40.000 euros a un trabajador al que despidió por comer una croqueta que sobró: esta es la ingeniosa sentencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha estimado la demanda de un trabajador de Mercadona que fue despedido por comer una croqueta que sobró, y ha condenado a la empresa a abonarle 40.000 euros por despido improcedente.

El trabajador, que llevaba 15 años trabajando como reponedor en Mercadona, fue despedido en 2019 por comer una croqueta que sobró de la degustación que se había realizado en el supermercado. La empresa alegó que el trabajador había incumplido la normativa interna de la compañía, que prohíbe a los empleados consumir productos que no estén destinados a la venta.

Sin embargo, el TSJCV ha considerado que el despido fue improcedente, ya que la empresa no acreditó que el trabajador hubiera tenido intención de robar la croqueta o que hubiera causado algún perjuicio a la empresa.

El tribunal ha destacado que el trabajador no tenía ánimo de lucro y que el valor de la croqueta era ínfimo. Además, ha señalado que la empresa no había comunicado previamente al trabajador la prohibición de comer productos que sobraran de las degustaciones.

La sentencia ha sido muy bien recibida por los sindicatos, que consideran que es una victoria para los trabajadores.

El secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FSC) de UGT, Pedro Hojas, ha calificado la sentencia de histórica y ha señalado que es un reconocimiento al derecho de los trabajadores a una alimentación digna.

Por su parte, Mercadona ha anunciado que recurrirá la sentencia.

La empresa ha señalado que respeta las decisiones judiciales, pero no las comparte. Mercadona ha defendido que la normativa interna de la compañía es necesaria para garantizar la seguridad alimentaria y que es importante que todos los empleados la cumplan.

El caso ha generado un gran debate sobre el derecho de los trabajadores a comer productos que sobran de las degustaciones.

Algunos expertos consideran que las empresas deberían ser más flexibles en este aspecto, ya que los productos que sobran suelen acabar en la basura. Otros sostienen que las empresas tienen derecho a establecer normas internas para garantizar la seguridad alimentaria y evitar posibles robos.

En cualquier caso, la sentencia del TSJCV es una victoria para los trabajadores y sienta un precedente importante en esta materia.